Se cerró la etapa probatoria y uno de los menores implicados, con arresto domiciliario, fue detenido por hurto

En pocas palabras, esto significa que ya ha concluido la investigación de la Fiscalía y que se presentaron las pruebas de la causa, las cuales van a ser estudiadas por el Juzgado de Garantías para luego ser elevadas a la Cámara Penal que deberá fijar la fecha para el juicio oral. De igual manera, el abogado no cree que la Cámara fije fecha para un futuro cercano, “ya que no están dando para los próximos meses por causas mucho más antiguas”.

En cuanto a la situación de los acusados, el letrado precisó que son 3 los que participaron de la agresión física que terminó en muerte, pero que son “5 las personas imputadas en la causa, más la gente que está vinculada con el robo de la bicicleta”. Para ser exactos, desde el Poder Judicial precisaron que son 5 mayores de edad los que están acusados y un menor de edad punible, que tiene entre 16 y 18 años de edad.

Los 5 mayores de edad son los hermanos Enzo y Esteban Colombo; Maycol Bustos y Alexis Cuello (que tenían 17 cuando ocurrió el hecho) y Lautaro Cruz, que es el único que está cumpliendo prisión preventiva, además de haber sido recientemente condenado por la agresión a otro policía (el comisario Hernán Soloa). Esto lo favorece, ya que mientras transita la condena por el caso Soloa, cumple la preventiva, lo cual se va a descontar de la sentencia que puede llegar a tener por el caso Gatica.

En cuanto a los menores, dos se encontraban con arresto domiciliario ordenado por la Justicia, pero claramente la medida no estaba siendo supervisada como corresponde, ya que uno de ellos fue detenido recientemente por hurto. “Evidentemente no están cumpliendo con lo que ha decretado la Fiscalía. La Policía debería tener una custodia específica para eso, pero es algo materialmente imposible”, consideró el abogado de la familia Gatica.

Escudero Gauna también comentó que la Fiscalía ha solicitado que los menores sean internados en institutos para menores en otras provincias, ya que San Luis no tiene; y que también “le ha pedido a la Justicia Nacional los seguimientos electrónicos, comúnmente conocidas como tobilleras electrónicas, pero tampoco han sido proveídas”.

Fuente: La Gaceta